

Tiene como misión asumir el rol regulador del Estado en el sector de su competencia, facilitando su máxima contribución al desarrollo económico del país y velando por el comportamiento óptimo de los mercados involucrados. Le corresponde por ello, procurar asegurar el oportuno cumplimiento de leyes, procedimientos y normas que afecten el funcionamiento de las empresas mineras públicas y privadas. Entre éstos se incluye el D.L. 600 de Inversión Extranjera y la visación del valor las exportaciones de cobre y sus subproductos. Le corresponde además resguardar la transparencia y probidad, así como el adecuado uso de los recursos de las empresas estatales, fiscalizando las normas y procedimientos que rigen sus operaciones.